La Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, en sentencia firme, reconoce que siete clientes del despacho ARNALDOS ABOGADOS deben ser indemnizados por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, al apreciar dilaciones indebidas.

Los siete clientes del despacho -uno ya fallecido-, todos ellos funcionarios, fueron sujetos de un procedimiento penal iniciado en el año 1997 “tramitado por tres delitos contra la Hacienda Pública Comunitaria y otros delitos de falsedad documental- en el que estuvieron imputados los interesados”, al decir de la propia sentencia. Fueron absueltos por la sentencia de 11 de septiembre de 2017, dictada por la Audiencia Provincial de Murcia, tras muchas sesiones de un juicio oral desarrollado a lo largo de varias semanas. La causa penal estaba contenida en doce tomos y varias decenas de archivos documentales.

La sentencia de la Audiencia Nacional, tras recordar los principales hitos del procedimiento penal y conjugando los diversos factores a tener en cuenta, concluye en la concurrencia, en el caso enjuiciado, de las circunstancias necesarias para apreciar la responsabilidad patrimonial por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia: daño efectivo individualizado y evaluable económicamente, que se haya producido ese funcionamiento anormal y que exista relación de causalidad entre uno y otro, así como que la acción se ejercite en tiempo y forma.

La sentencia en cuestión fija una indemnización para cada uno de los clientes -para los herederos, en el caso del cliente fallecido- de unos 55.000 euros. Como se ha dicho, la sentencia no fue recurrida por la Abogacía del Estado -que se opuso a la demanda- y devino firme.

En el procedimiento penal y en el contencioso-administrativo subsiguiente han intervenido tres de los letrados del despacho, Eduardo Beltrán, María Guevara y el propio titular del despacho, Andrés Arnaldos.