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El juez justo, Iñaki Garay

Dice el Supremo en una sentencia que para apreciar “error judicial” este debe ser craso, palmario, indubitado, indiscutible, incontestable, flagrante y patente, generador de conclusiones fácticas o jurídicas ilógicas, irracionales, esperpénticas o absurdas. Con estas condiciones pudiera parecer que el delito de prevaricación en el caso de los jueces habría abandonado el código penal por la salida de servicio.

En este país, en contra de lo que trata de trasladar irresponsablemente el Gobierno, no existe el denominado lawfare judicial, un término que tendría una connotación sistémica que en ningún caso se corresponde con lo que es un más que notable buen funcionamiento de la Justicia. Pero es imposible negar que esta sobreprotección, quizás amparada en un torpe corporativismo, a quien más daño hace es a esa inmensa mayoría de jueces que en España desempeñan su trabajo con total diligencia y que sin embargo son demonizados colectivamente por mucha gente y por unos políticos irresponsables que ponen constantemente en cuestión la totalidad del sistema, probablemente con la intención de tumbarlo y someterlo a una total arbitrariedad, basándose en las excepciones.

Alguien tendría que explicar cómo es posible que esos mínimos errores judiciales de bulto no tengan ni el más mínimo reproche. Ya no hablamos de la inhabilitación o la condena, sino al menos del descrédito o, como poco, la nevera. Como esos árbitros que no vieron el penalti de libro. Una condición para que la Justicia dé un salto de calidad es que los jueces sean responsables de sus decisiones.

El expresidente del Barça, Sandro Rosell, estuvo dos meses en prisión provisional, para finalmente ser absuelto por la Audiencia Nacional y nadie recuerda que el juez recibiera ni una ducha fría. Hace unas semanas aparecía en la prensa que un error judicial anulaba la causa por blanqueo de capitales contra el marido de la exdirectora de la Guardia Civil. A otra juez le prescribieron seis piezas de los famosos ERE por ayudas irregulares y no pasó nada, porque ocurre muy pocas veces en la Justicia que el incorrecto trabajo de un juez tenga consecuencias. A un ingeniero al que se le cae un puente le va a costar conciliar el sueño. Y lo mismo a un doctor que operó a un paciente de algo que no padecía ignorando el resultado de las pruebas médicas.

Y sin embargo, en el famoso juicio por la salida a Bolsa de Bankia, el juez Fernando Andreu tuvo durante ocho años a más de treinta personas con pena de banquillo, hasta que finalmente la Audiencia Nacional primero y el Tribunal Supremo después acabaron diciendo que los hechos que el juez planteaba ni siquiera eran constitutivos de delito. La gente en general no aprecia un buen funcionamiento de la Justicia y tiende a valorar los casos que va conociendo en función de sus prejuicios. Por eso se impone esa máxima de que si eres culpable procura que te juzgue un jurado popular pero si eres inocente mejor que lo haga un juez.

¿Cómo podemos ayudar para que nuestros jueces lo hagan mejor? Hay tres medidas que contribuirían a mejorar la calidad de nuestra Justicia. La primera sería acabar con las jurisdicciones especiales. Si el terrorismo ya no es un problema en nuestro país no tiene sentido que siga funcionando la Audiencia Nacional, que además es un foco notable de contaminación en la proliferación de eso que se llama el juez estrella. La segunda sería la total despolitización de la Justicia. El día que los jueces no dependan del criterio de los políticos para crecer profesionalmente habrá acabado ese afán de algunos por alinearse ideológicamente. La tercera es la transparencia. Si algo tuvo de bueno el juicio del procés es que Marchena operó a la vista de todos y toda Europa pudo comprobar que aquellos señores a los que se estaba juzgando, no solo contaron con garantías excepcionales, sino que además eran culpables. Y no por sus ideas. De hecho, ahora hay hasta quien les deja gobernar este país, aunque no representen a casi nadie.

Director adjunto de EXPANSIÓN, Fuente